El rumbo de la gesti\u00f3n<\/strong><\/p>\n En Balcarce 50 admiten que los cambios incluidos en el texto complicaron las conversaciones que estaban desarroll\u00e1ndose con el PRO, la UCR y otras bancadas. Cu\u00e1les ser\u00e1n las estrategias para intentar resolver ambos conflictos.<\/p>\n El Gobierno est\u00e1 dispuesto a negociar m\u00e1s fondos para Universidades y Discapacidad durante el tratamiento del Presupuesto 2027. En la Casa Rosada aseguran que buscar\u00e1n acercar posiciones con aliados, rectores y sectores involucrados, aunque pretenden hacerlo sin abandonar el objetivo de equilibrio fiscal.<\/p>\n En Discapacidad, el Ejecutivo busca retomar la negociaci\u00f3n que hab\u00eda comenzado antes de que se conociera el proyecto de Presupuesto. Funcionarios admiten que los cambios incluidos en el texto desordenaron las conversaciones que el oficialismo manten\u00eda con el PRO, la UCR y otros bloques para acordar una alternativa a la pr\u00f3rroga de la emergencia.<\/p>\n La posici\u00f3n que ahora impulsan sectores de la Casa Rosada es evitar extender la Emergencia Nacional en Discapacidad durante 2027 y negociar a cambio un refuerzo de fondos y modificaciones al esquema permanente. Cerca del armado legislativo aseguran que est\u00e1n dispuestos a ceder recursos para alcanzar un texto com\u00fan con los aliados.<\/p>\n El Gobierno sostiene adem\u00e1s que cumplir\u00e1 la ley vigente mientras contin\u00fae en vigor, aunque pretende modificar parte de ese r\u00e9gimen para el a\u00f1o pr\u00f3ximo. La Ley 27.793 declar\u00f3 la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y permite prorrogarla por otro a\u00f1o. Tambi\u00e9n incorpor\u00f3 nuevas pensiones, compensaciones para prestadores y cambios en el sistema de prestaciones.<\/p>\n Uno de los puntos centrales es el nomenclador. La legislaci\u00f3n vigente establece valores iguales para los distintos obligados del sistema y una actualizaci\u00f3n peri\u00f3dica, mientras que el Presupuesto propone eliminar ese esquema universal y permitir que cada financiador determine sus valores sobre la base de un piso.<\/p>\n Esa modificaci\u00f3n qued\u00f3 en revisi\u00f3n despu\u00e9s del conflicto interno que provoc\u00f3 su incorporaci\u00f3n al proyecto. Diputados libertarios ven\u00edan trabajando con los aliados sobre otra salida y ahora buscan volver a esa negociaci\u00f3n, mantener parte de las compensaciones reclamadas por los prestadores y definir qu\u00e9 art\u00edculos del Presupuesto quedar\u00e1n finalmente en pie.<\/p>\n La discusi\u00f3n tiene adem\u00e1s una dimensi\u00f3n presupuestaria concreta. Los aliados reclaman, entre otros puntos, que se atienda la compensaci\u00f3n correspondiente al atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, prevista en la reglamentaci\u00f3n de la emergencia. El Gobierno habilit\u00f3 este a\u00f1o un mecanismo espec\u00edfico para que los prestadores presenten esas solicitudes.<\/p>\n Le\u00e9 tambi\u00e9n: Recortes en Discapacidad: el Gobierno rechaz\u00f3 las cr\u00edticas de Bullrich, aunque reconoce que hubo \u201cun error de coordinaci\u00f3n\u201d<\/p>\n En paralelo, la Secretar\u00eda Nacional de Discapacidad mantiene las actualizaciones mensuales del nomenclador. Este viernes oficializ\u00f3 una suba del 1,7% para septiembre, calculada sobre el IPC de agosto, y ratific\u00f3 el adicional del 20% para la zona patag\u00f3nica. La medida se dict\u00f3 bajo el r\u00e9gimen que el propio Presupuesto propone modificar hacia 2027.<\/p>\n En Universidades, la estrategia oficial es distinta. La Casa Rosada est\u00e1 dispuesta a elevar los fondos previstos en el Presupuesto para buscar un punto intermedio con las universidades y utilizar ese acuerdo como parte de una salida al conflicto que actualmente tambi\u00e9n se tramita en la Justicia.<\/p>\n El proyecto fija $7,349 billones para funcionamiento, inversi\u00f3n y programas especiales, mientras el Consejo Interuniversitario Nacional calcula necesidades cercanas a $11 billones. La diferencia ronda los $3,65 billones y ser\u00e1 uno de los ejes centrales de la negociaci\u00f3n parlamentaria.<\/p>\n En Naci\u00f3n no plantean aceptar de manera autom\u00e1tica la cifra del CIN. La estrategia es negociar un monto superior al enviado originalmente y buscar que ese acuerdo sea reconocido por las universidades como suficiente para reencauzar la disputa judicial. La negociaci\u00f3n, admiten cerca del Ejecutivo, ser\u00e1 extensa.<\/p>\n El punto judicial es central. La Ley 27.795 estableci\u00f3 mecanismos de recomposici\u00f3n salarial y actualizaci\u00f3n del financiamiento universitario, pero el Gobierno y las universidades mantienen interpretaciones diferentes sobre cu\u00e1nto debe pagarse y con qu\u00e9 partidas. La UBA sostiene que el Presupuesto enviado no contempla el cumplimiento integral de la ley ni de las decisiones judiciales que reclama.<\/p>\n Le\u00e9 tambi\u00e9n: Universidades: el Gobierno no lleg\u00f3 a un acuerdo con los docentes y aplicar\u00e1 el aumento salarial del 3% ordenado por la Justicia<\/p>\n La intenci\u00f3n oficial es que un acuerdo incorporado al Presupuesto permita modificar el escenario que dio origen a las cautelares. En el Ejecutivo sostienen que uno de los problemas fue que no exist\u00edan partidas suficientes para ejecutar el gasto reclamado y que una asignaci\u00f3n acordada por el Congreso podr\u00eda ser presentada ante la Justicia como una nueva circunstancia. Eso no implica que el Gobierno pueda dejar sin efecto por s\u00ed solo una cautelar: cualquier cambio deber\u00e1 tramitarse dentro del expediente judicial.<\/p>\n