El Gobierno busca abrir un amplio debate en el Congreso por la soberanía argentina de las Islas Malvinas
Estrategia oficial
La oposición anticipó que participará en el tratamiento de las iniciativas anunciadas por Javier Milei, aunque reclamará la presencia de funcionarios del Ejecutivo. El paquete incluye las sanciones a empresas vinculadas a la explotación de recursos y medidas para reforzar la presencia en el Atlántico Sur.
Las cámaras del Congreso aguardan la llegada de las iniciativas anunciadas por el presidente Javier Milei en cadena nacional el pasado jueves, referidas a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. La oposición, pese a calificar la decisión de la Casa Rosada como una medida electoralista, acompañará el debate y solicitará la presencia de los funcionarios del Poder Ejecutivo, esquivos a concurrir al Parlamento Nacional.
“Aunque sea el peor Gobierno del mundo, todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien. Bienvenido el cambio de 180 grados de Milei que pasó de soquete colonizado a recuperar la posición histórica de la Argentina. Los kelpers son efectivamente población implantada y no le asiste el derecho a la autodeterminación. Ganamos la batalla cultural”, indicó el diputado peronista Juan Grabois.
El presidente Javier Milei determinó endurecer el marco legal no solo para las empresas, sino también para que los proveedores de estos proyectos reciban las mismas penas y prohibiciones que las compañías con las que colaboran. De esta manera, los infractores no podrán contratar en territorio argentino, tanto con el sector público como con el privado, y se contemplará, cuando corresponda, la aplicación del juicio en ausencia. Además, el régimen se extenderá a otras actividades desarrolladas en las islas que afecten los recursos naturales argentinos.
Esta iniciativa se da ante la explotación petrolera offshore vinculada al proyecto Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum (israelí) y Rockhopper Exploration (británica). Según expresó Javier Milei, la iniciativa podría permitir que el Reino Unido avance sobre recursos que la Argentina considera propios.
En ese sentido, la senadora libertaria Patricia Bullrich precisó: “Si nosotros dejásemos que esa producción de petróleo comience, estaríamos aceptando el robo de estos recursos naturales y, de hecho, la profundización de una colonización en las Malvinas”.
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Por su parte, la senadora peronista fueguina Cristina López cargó contra el desfinanciamiento y el plan económico del Gobierno nacional. “Después de desfinanciar durante tu Gobierno la Base Naval Integrada de Ushuaia, ahora anunciás que vas a construir un Polo Logístico para fortalecer nuestra presencia en el Atlántico Sur. Ni hablar de los anuncios de decretos y leyes para sancionar a las empresas que explotan nuestros recursos naturales en Malvinas… todo biri biri Milei”, posteó López en sus redes.
A partir de los anuncios, deberá tratarse el DNU que amplió partidas presupuestarias para el Ministerio de Defensa, que ingresará a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que controla la senadora oficialista María Belén Monte de Oca.
La medida del jefe de Estado permitirá avanzar con la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y reforzará las capacidades de telecomunicaciones. El Ejecutivo busca convertir el complejo austral en un polo logístico de referencia para el Atlántico Sur y ampliar la capacidad de proyección hacia la Antártida.
La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo está conformada por 16 integrantes, ocho por cada cámara. El oficialismo, junto con sus aliados, cuenta con una amplia mayoría de 11 legisladores, mientras que el peronismo suma cinco entre senadores y diputados. Esto anticipa para La Libertad Avanza un rápido paso del DNU por la Bicameral y, luego, su tratamiento en los recintos.
La normativa indica que un DNU tiene vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y que su ratificación parlamentaria se produce con la sanción de una de las dos Cámaras del Poder Legislativo. Para rechazarlo, deben votarlo negativamente ambos recintos.
El Congreso nacional, tras la aprobación en 2011 de la Ley 26.659, que sanciona la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina, tuvo varias advertencias a las diferentes autoridades de los poderes ejecutivos mediante proyectos que no superaron la instancia de presentación.
La primera iniciativa fue de la exdiputada Liliana Fadul, del Partido Federal Fueguino, quien la presentó el 26 de octubre de 2012. Allí expresó su preocupación por el anuncio realizado el 19 de octubre de ese año por la empresa británica Rockhopper Exploration, que afirmaba haber alcanzado un acuerdo millonario con la empresa Premier Oil para comenzar a extraer petróleo del yacimiento Sea Lion, al norte de las Islas Malvinas, en el tercer trimestre de 2017.
En ese proyecto les solicitó a los diputados que la acompañaran con su proyecto de declaración: “Considerando que toda actividad hidrocarburífera en dicho territorio que no haya obtenido autorización de la República Argentina representa una clara violación a nuestros derechos soberanos”.
Cinco años más tarde, en 2017, el peronista mendocino Guillermo Carmona elevó al Poder Ejecutivo una serie de consultas sobre la explotación petrolera en Malvinas. “¿Por qué motivo el Poder Ejecutivo Nacional no ha sancionado, en los términos de las leyes 26.659 y 26.915, a la empresa petrolera británica Premier Oil Plc, que opera en el área de Sea Lion en la Cuenca Norte de las islas Malvinas, una zona en disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte?”, entre otras consultas.
Fuente: https://tn.com.ar/
