Tras el anuncio de Milei, Quirno explicó cómo sancionarán a las petroleras que operen en Malvinas y dio detalles de la base naval
Minuto a minuto
El canciller Pablo Quirno adelantó que el Gobierno aumentará las penas contra las empresas que exploten hidrocarburos en las Islas Malvinas y que podrá aplicar juicios en ausencia. La medida no alcanzará solo a las operadoras: también podrá involucrar a quienes les brinden asistencia, ayuda o servicios, incluso compañías que estén radicadas en la Argentina. “Es un aumento de las penas, poder utilizar el juicio en ausencia también para condenar no solo a las operadoras, sino también a todo aquel que le provea asistencia, ayuda, servicios a estas operadoras”, explicó en diálogo con A24.
Además, Quirno confirmó que la Argentina envió notas disuasorias a 29 países donde están radicadas compañías que, según el Gobierno, brindan apoyo logístico y operativo a Navitas y Rockhopper, las empresas vinculadas al proyecto petrolero en Malvinas. Aseguró que la estrategia se trabaja desde hace más de seis meses y que ahora avanzarán hacia sanciones específicas.
El canciller también defendió la Base Naval Integrada de Ushuaia, que tendrá presencia militar y funciones de apoyo logístico para fortalecer la posición argentina en el Atlántico Sur y brindar respaldo a las operaciones vinculadas con la Antártida. Aclaró que el primer paso será asignar recursos para comenzar su construcción y que no se trata de una base “bélica”.
Quirno sostuvo además que el Gobierno buscará el apoyo de Estados Unidos, Israel y otros países para su reclamo, y destacó el reciente respaldo de Chile. Sobre el Reino Unido, afirmó que la Argentina pretende mantener un diálogo constructivo, pero que no permitirá que continúe la explotación unilateral de recursos mientras la soberanía siga en disputa.
Javier Milei cerró su mensaje con un llamado a dejar de lado las diferencias partidarias. “Podemos discutir sobre cualquier otra cosa, pero este tema demanda una pausa, demanda que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido ante el mundo, como nación y como sociedad. Porque hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de ellas”, sostuvo, e invitó “a toda la dirigencia política, económica y social de la Argentina a sumarse con una misma voz a este reclamo”.
El Presidente también adelantó que enviará al Congreso, con carácter urgente, un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional con tres objetivos.
El primero es modificar la Ley 26.659 para endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas: los proveedores de esos proyectos recibirán “las mismas penas y prohibiciones” que las empresas con las que colaboran, los infractores no podrán contratar en territorio argentino —ni con el sector público ni con el privado— y se dispondrá, cuando corresponda, la aplicación del juicio en ausencia.
El segundo objetivo es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que definirá una política de seguridad “de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado”, articulando Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, además de un marco para la protección de infraestructura crítica y para la protección aeroespacial y marítima.
El tercero es pedirle al Congreso que le otorgue a ese Consejo las facultades para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o no estatales que amenacen la seguridad nacional.
Además, Javier Milei anunció un DNU para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa para construir una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego e incrementar las capacidades en telecomunicaciones. «Nos va a convertir en un polo logístico más importante del Atlántico sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina».
En otro pasaje de la cadena, Javier Milei precisó que esta misma noche firmó un primer decreto para “dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios” que impone la Ley 26.659 contra quienes participan de iniciativas de extracción de petróleo en territorio argentino bajo ocupación británica. El Gobierno buscará además “inhabilitar de operar en territorio argentino” a las empresas involucradas —directa o indirectamente— en proyectos sin autorización argentina, así como a sus accionistas, directores y proveedores.
El Presidente advirtió que el proyecto Sea Lion, de las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, de capitales ingleses e israelíes, ya tiene fecha para iniciar la explotación petrolera offshore en las Islas Malvinas. “Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad en pocos meses tendrán la capacidad de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”.
«Si lo permitimos, estaremos generando un incentivo para que el gobierno británico profundice la ocupación de nuestras islas y la explotación de nuestros recursos. Sea Lion es solo uno de los proyectos que están avanzando en nuestras islas. Existen otros proyectos y otras empresas que también representan una amenaza para los intereses estratégicos de la Argentina”.
En cadena nacional, Javier Milei remarcó que «Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho, no hay discusión al respecto». Al respecto, apuntó que «las Islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de nuestra la Nación» y que «en 1833 el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días». En esa línea, consideró que los isleños «no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación».
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, no acudió porque se encuentra en Misiones para participar de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas (IAEF).
Fuente: https://tn.com.ar/



