La Libertad Avanza acelera dos proyectos de su agenda económica en Diputados y posterga el tratamiento de la ley de Propiedad Privada
Estrategia legislativa
El oficialismo busca dictaminar Inocencia Fiscal y los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central. En paralelo, decidió no insistir con los cambios en Tierras Rurales y Manejo del Fuego.
La Libertad Avanza acelera en la Cámara de Diputados el tratamiento de dos proyectos que considera prioritarios para su agenda económica y, por el momento, deja en un segundo plano la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya obtuvo media sanción en el Senado.
El oficialismo buscará avanzar primero con los dictámenes de las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal y de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con la intención de llevar ambas iniciativas al recinto durante la última semana de agosto.
En ese contexto, el proyecto sobre Propiedad Privada ya fue girado a Diputados, donde Martín Menem dispuso que sea tratado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, respectivamente.
“Pensamos que el debate empezará esta semana, aunque no es la prioridad”, reconoció a TN un diputado del oficialismo.
Pese a que el proyecto de Propiedad Privada sancionado por el Senado el jueves dejó afuera dos de los capítulos impulsados originalmente por la Casa Rosada a través del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el oficialismo no tiene previsto insistir con esos cambios durante el debate en la Cámara de Diputados.
Se trata de las modificaciones a las leyes de Tierras Rurales, vinculadas con la venta de tierras a extranjeros, y de Manejo del Fuego. Ambos capítulos fueron retirados por la bancada oficialista del Senado, conducida por Patricia Bullrich, ante la resistencia de sectores aliados que habían anticipado su rechazo.
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Pese a las varias semanas de negociaciones impulsadas desde el Senado y la Jefatura de Gabinete, que conduce Diego Santilli, para alcanzar consensos, el proyecto terminó con 17 cambios respecto del dictamen original. En los últimos días, además, los gobernadores aliados del Gobierno mantuvieron firme su rechazo a los dos capítulos que finalmente fueron retirados.
Entre ellos se encuentran Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Rolando Figueroa, de Neuquén; Raúl Jalil, de Catamarca; y Gustavo Sáenz, de Salta. Todos cuentan con referentes de peso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, un factor que terminó siendo determinante para la estrategia legislativa del oficialismo.
Frente a ese escenario, Martín Menem y la Mesa Política de la Casa Rosada resolvieron no reabrir esa discusión en Diputados y buscarán sostener la sanción aprobada por la Cámara de origen. El texto contempla modificaciones a la Ley de Expropiaciones, además de los capítulos destinados a agilizar los desalojos y actualizar el Registro de la Propiedad.
La iniciativa introduce una reforma amplia de la Ley de Expropiaciones, especialmente en lo referido a la declaración de utilidad pública. El nuevo texto mantiene esa facultad, pero dispone que deberá interpretarse de manera restrictiva, identificar con precisión el objetivo perseguido y superar criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
En materia de indemnizaciones, establece que deberá considerarse el valor objetivo del bien y, cuando pueda determinarse, su valor de mercado. Además, incorpora expresamente el lucro cesante entre los conceptos a tener en cuenta.
Otro de los capítulos modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para agilizar los procesos de desalojo. Las acciones sobre inmuebles urbanos y rurales pasarán a tramitar mediante juicio sumarísimo, con plazos más breves y una mayor concentración de las distintas etapas procesales.
El proyecto también introduce cambios en la denominada Ley Pierri —por el expresidente de la Cámara de Diputados Alberto Pierri—, que regula la regularización dominial. Actualmente, la norma permite acceder al beneficio a quienes acrediten una posesión pública, pacífica y continua durante los tres años anteriores al 1° de enero de 2009, con causa lícita y respecto de una vivienda única y permanente.
La modificación reemplaza ese requisito temporal fijo por un plazo móvil de diez años de posesión pública, pacífica y continua previos a la presentación de la solicitud.
Fuente: https://tn.com.ar/
