Ley de Tierras: advierten que elevar el límite al 25% “no cambia el espíritu del proyecto”
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El proyecto de Ley de Tierras que el Gobierno nacional buscará aprobar en el Senado continúa generando repercusiones luego de que el oficialismo modificara el dictamen y estableciera un límite del 25% de la superficie nacional y provincial para propietarios extranjeros. Rubén Pascolini, subsecretario de Hábitat de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, cuestionó la iniciativa en diálogo con Elonce y consideró que los cambios anunciados no modificaron el eje central de la propuesta.
El funcionario bonaerense sostuvo que modificar la actual Ley 26.737, que establece restricciones a la adquisición de tierras rurales por extranjeros, implicaría “un gran retroceso, que además está acompañado por otras modificaciones: la ley de expropiaciones, procedimientos de desalojos y la ley de manejo del fuego”, expresó.
El proyecto original impulsado por el Gobierno eliminaba las restricciones porcentuales para la compra de tierras rurales por extranjeros. Tras los cuestionamientos y las negociaciones con sectores dialoguistas, el oficialismo anunció este martes que establecerá un máximo del 25%.
Pascolini consideró que la modificación tuvo como objetivo conseguir respaldos legislativos. “Las modificaciones que se plantearon hoy tienen un sentido puramente oportunista para poder tener el apoyo de algún sector que duda, pero no cambia para nada el espíritu del proyecto”, opinó.
En ese sentido, comparó la propuesta con la normativa vigente, que fija un máximo del 15% y contempla restricciones en distintos niveles territoriales. “Si bien pone un límite, lo pone a nivel nacional y no lo reproduce a nivel provincial y departamental, que es lo que tiene hoy la ley vigente”, sostuvo.
El funcionario señaló que uno de los objetivos de la actual legislación fue evitar una fuerte concentración de propiedades extranjeras en determinados sectores del territorio argentino.
“Estamos hablando de los cursos y de los espejos de agua, de las fronteras, de los lugares con recursos minerales y, en el caso de la zona núcleo, de no superar las 1.000 hectáreas”, enumeró.
Según su interpretación, las restricciones buscan impedir que capitales extranjeros alcancen una participación significativa en áreas consideradas estratégicas. También advirtió que, además de la extranjerización, existe un debate sobre la concentración de la propiedad de la tierra.
Pascolini recordó que la Ley 26.737 fue sancionada en 2011 con un amplio respaldo político en el Congreso.
“Cuando se votó, 68 senadores votaron a favor y uno votó en contra. Fue una respuesta a una situación internacional de acaparamiento de tierras, pero también una respuesta a reclamos que hacía la oposición”, señaló.
El funcionario recordó que en aquel momento existían diferentes proyectos legislativos destinados a establecer restricciones. “Había un gran acuerdo social para que la Argentina no pierda el dominio de la administración de sus bienes naturales”, afirmó.
Durante la entrevista, Pascolini también respondió a uno de los argumentos utilizados por el Gobierno para defender la modificación: la posibilidad de promover nuevas inversiones.
“Son de carácter extractivista que van a perjudicar al país porque son inversiones de intereses extranjeros que no van a reinvertir en nuestro país”, aseguró.
Pascolini sostuvo que el ingreso de capital debería estar acompañado por determinadas condiciones vinculadas con la generación de empleo y la producción.
Fuente: https://www.elonce.com/
