El peronismo buscará introducir cambios a la Ley de Inocencia Fiscal y se anticipa un largo debate en el Congreso
Con proyectos presentados por el senador Fernando Salino y el diputado Eduardo Valdés, el peronismo en el Congreso busca introducir cambios a la Ley de Inocencia Fiscal. La discusión promete abrir un fuerte debate en las comisiones de ambas cámaras en agosto.
Desde el Senado, Fernando Salino, del bloque Justicia Social Federal e integrante del interbloque Justicialista que conduce José Mayans, adelantó que presentó dos iniciativas para limitar el alcance del régimen.
“Presenté dos proyectos de ley para impedir que las personas políticamente expuestas podamos entrar en la Inocencia Fiscal, o en cualquier tipo de blanqueo”, sostuvo Salino.
El senador por San Luis vinculó el impulso de estas propuestas con la situación del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien junto a su esposa, Bettina Angeletti, se adhirió al régimen simplificado de Ganancias contemplado en la Ley de Inocencia Fiscal, mientras enfrenta denuncias judiciales por presuntos hechos de corrupción.
El primero de los proyectos de Salino excluye a funcionarios y personas vinculadas a la actividad política del Régimen Simplificado de Ganancias y mantiene para ellos la obligación de presentar declaraciones juradas bajo el régimen general. La restricción también alcanza a cónyuges, convivientes y familiares directos, y se extendería hasta dos años después de haber dejado el cargo.
La segunda iniciativa propone impedir que funcionarios y exfuncionarios de los últimos diez años ingresen a cualquier régimen de blanqueo o exteriorización de activos. La medida abarca a los principales cargos de los tres poderes del Estado y de los organismos de control.
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Además, incluye a familiares directos de las personas alcanzadas y excluye a condenados por determinados delitos, contratistas del Estado y otros sujetos contemplados en la legislación vigente.
En paralelo, desde la Cámara de Diputados, el legislador de Unión por la Patria Eduardo Valdés también presentó una propuesta para reforzar los estándares de integridad pública y evitar que mecanismos excepcionales de regularización patrimonial beneficien a quienes ejercen funciones de alta responsabilidad institucional.
“Permitirlo contradice principios básicos de transparencia y abre la puerta a posibles maniobras de ocultamiento patrimonial. Quienes administran recursos del Estado deben estar sometidos a controles más estrictos y no beneficiarse con mecanismos de regularización que reducen las exigencias de rendición de cuentas”, argumentó Valdés.
Su iniciativa plantea excluir de estos beneficios a funcionarios de los tres poderes del Estado, personas políticamente expuestas y sus familiares directos. Según el diputado, la propuesta busca mantener la coherencia con las obligaciones establecidas por la Ley de Ética Pública y con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de prevención de la corrupción y lavado de activos.
Este martes, durante su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier defendió los cambios impulsados por el Gobierno en la Ley de Inocencia Fiscal.
“Esto marca un antes y un después en la relación entre el Estado y el pagador de impuestos. Se trata de un hecho de justicia para todos los argentinos que fueron víctimas del sistema persecutorio que los trataba como delincuentes de manera preventiva y exigía que demuestren su inocencia”, afirmó.
El funcionario agregó: “Las personas no tienen por qué ser tratados como criminales por querer ahorrar el fruto de su trabajo. Frente a preocupaciones del área se van a incluir algunas modificaciones que van más allá en el sendero de la ley”.
La iniciativa, elaborada por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca fortalecer el régimen fiscal, ampliar su alcance y brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que quieran incorporar fondos al circuito formal de la economía.
Fuente: https://tn.com.ar/
